La proposición de ley sobre mutualidades de previsión social regresa al Congreso con cambios clave. El texto incluye una pasarela voluntaria al RETA y refuerza la supervisión, pero el debate se centra en si mantener la alternatividad como opción para profesionales con múltiples actividades.
El Congreso de los Diputados retoma esta semana el debate sobre las mutualidades de previsión social alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La proposición de ley, que ya ha pasado por el Senado, introduce modificaciones relevantes que afectan a la pasarela voluntaria al sistema público, la conversión de los derechos económicos acumulados y la exclusión de los pensionistas, salvo quienes perciban una pensión de viudedad. También se define un nuevo régimen de supervisión.
La discusión, sin embargo, va más allá de corregir deficiencias del pasado. El verdadero reto, según los expertos, es determinar si la alternatividad sigue teniendo sentido en un mercado laboral marcado por la diversidad y la multiactividad. Javier Varea, director del Observatorio de Previsión Complementaria, sostiene que la respuesta es afirmativa.
La multiactividad es una realidad creciente. Abogados que trabajan por cuenta ajena y mantienen una práctica propia, ingenieros que compatibilizan proyectos individuales con un empleo, arquitectos, economistas o consultores cuyas carreras se construyen mediante actividades superpuestas. No es una anomalía, sino la expresión de un mercado laboral más flexible, especializado y también incierto.
Existe multiactividad cuando una persona desarrolla simultáneamente actividades sujetas a regímenes diferentes: por ejemplo, el Régimen General por un empleo asalariado y una actividad profesional por cuenta propia. Esta situación plantea cómo coordinar cotizaciones, derechos y prestaciones durante carreras laborales cada vez menos lineales.
Para determinadas profesiones colegiadas, la posibilidad de optar por una mutualidad no nació como un privilegio, sino como una solución adaptada a ingresos variables y trayectorias profesionales específicas. En contextos de multiactividad, la incorporación obligatoria al RETA, añadida a la cotización al Régimen General, puede producir una doble aportación al sistema público sin una mejora proporcional de las prestaciones futuras. La mutualidad permite, en cambio, que el esfuerzo asociado a la actividad independiente se incorpore a un sistema de capitalización vinculado más directamente a lo aportado.
Para quien ya cotiza de forma relevante como asalariado, la mutualidad puede actuar materialmente como un segundo pilar. El Régimen General continúa proporcionando la protección pública fundamental, mientras la entidad mutual cubre la actividad profesional liberal y contribuye a diversificar las fuentes de renta futura. Esta arquitectura coincide con una visión multipilar de la previsión social: un sistema público sólido que convive con instrumentos colectivos, complementarios y especializados.
Eso no significa ignorar los problemas que han impulsado la reforma. Algunos mutualistas han sufrido aportaciones insuficientes, expectativas mal explicadas y prestaciones alejadas de una jubilación digna. La pasarela voluntaria al RETA es necesaria para quienes consideren que continuar en la mutualidad perjudica sus intereses. La transferencia de los derechos económicos acumulados, con reglas claras y sin penalización fiscal, amplía su capacidad de elección.
Esa libertad debe funcionar en ambas direcciones: quien desee pasar al RETA debe poder hacerlo y quien prefiera permanecer en una mutualidad solvente también debe conservar esa opción, según Javier Varea.
El texto debatido en las Cortes apunta, además, hacia una equiparación progresiva de las aportaciones, mayores prestaciones mínimas, más transparencia y una supervisión reforzada. Son exigencias razonables que no tienen por qué debilitar el mutualismo; pueden ayudar a recuperar su credibilidad. La alternatividad del futuro no debe fundamentarse simplemente en pagar menos, sino en ofrecer un valor diferente: flexibilidad, capitalización, proximidad, gobernanza mutualista, coberturas profesionales específicas e información comprensible sobre la renta esperada.
Las mutualidades deberán explicar mejor, gestionar con prudencia y demostrar resultados. Algunas tendrán que transformarse, colaborar, fusionarse o concentrarse en determinados servicios. También deberán acompañar las trayectorias híbridas, permitiendo adaptar coberturas a etapas de mayor dedicación asalariada, emprendimiento o ejercicio simultáneo. La flexibilidad no puede confundirse con protección insuficiente; debe significar capacidad de adaptación dentro de unos estándares exigentes de suficiencia y solvencia.
El Parlamento tiene, por ello, una responsabilidad más amplia que aprobar una pasarela. Debe evitar que la reparación de situaciones injustas desemboque en un modelo único incapaz de reconocer la diversidad del trabajo profesional. La evaluación del régimen de alternatividad prevista antes de finalizar 2030 debería analizar expresamente la multiactividad y no limitarse a comparar cuotas. También debería valorar la calidad de las prestaciones, la eficiencia, la libertad de elección y la contribución de las mutualidades a la diversificación del ahorro previsional.
Mantener la alternatividad no significa anclarse en el pasado. Significa modernizar una institución existente para responder a una realidad contemporánea. Con aportaciones suficientes, transparencia, supervisión, solvencia y decisiones verdaderamente informadas, las mutualidades pueden seguir siendo una opción legítima y socialmente útil.
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