La patronal Pimec alerta de que la progresividad en frío del IRPF absorbe entre 44 y 52 euros de cada 100 que la empresa destina a subir salarios. Para que un empleado perciba 100 euros netos más, la compañía debe desembolsar hasta 210 euros.
La patronal catalana Pimec ha puesto cifras a un fenómeno que lastra la efectividad de las subidas salariales: la progresividad en frío del IRPF. Según el informe presentado este jueves por su Observatori de la Pime de Catalunya, entre 48 y 56 euros de cada 100 que una empresa destina a aumentar el salario de un empleado no llegan a su bolsillo. Se quedan en el camino, absorbidos por el IRPF y las cotizaciones sociales.
En términos prácticos, si una empresa quiere que su trabajador perciba una subida neta de 100 euros, debe gastar entre 180 y 210 euros. El resto se lo lleva Hacienda. El presidente de Pimec, Antoni Cañete, lo resumió así: “Cuando una pyme destina más recursos a mejorar los salarios, pero una parte cada vez mayor de ese esfuerzo no llega al trabajador, la empresa asume un coste mucho mayor que el beneficio que finalmente percibe la persona trabajadora”.
El estudio se ha elaborado a partir de nueve nóminas reales de los sectores de hostelería, metal y limpieza. Los resultados muestran que el tipo efectivo del IRPF ha subido entre 1,3 y 3,2 puntos porcentuales en los perfiles analizados, sin que haya cambiado su situación personal o familiar. Esto supone un incremento de entre 278 y 955 euros anuales en el impuesto que paga cada trabajador.
El informe también revela que, aunque el salario bruto ha crecido un 22,1% entre 2020 y 2025 —en línea con la inflación acumulada—, los trabajadores han perdido entre un 2,8% y un 4% de poder adquisitivo neto. Para mantener el poder de compra, las empresas deberían subir los salarios entre cuatro y once puntos por encima del IPC, con un sobrecoste de entre 1.142 y 3.315 euros anuales por trabajador. En una pyme de diez empleados, ese sobrecoste supera los 16.000 euros al año.
El 58% de este efecto se debe, según el informe, a la congelación de los mínimos personales y familiares, deducciones y otros beneficios fiscales. Es decir, que los tramos del IRPF no se han actualizado con la inflación, por lo que las subidas salariales destinadas a compensar el encarecimiento de la vida acaban tributando más. Es lo que se conoce como progresividad en frío: el contribuyente paga proporcionalmente más impuesto sin que se haya aprobado ninguna subida explícita de tipos.
Cañete ha sido claro: la patronal no reclama una rebaja del impuesto, sino un mecanismo de revisión “regular, transparente y previsible” de sus parámetros. La idea es que actualizarlos —o no— sea una decisión explícita dentro del debate presupuestario, y no un ajuste automático y silencioso. En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Economía y Fiscalidad de Pimec, Sílvia Gabarró, ha subrayado que “no estamos pidiendo una rebaja de impuestos, simplemente que no aumenten automáticamente con el IPC”.
Para el ámbito autonómico, Pimec propone avanzar hacia un mecanismo estable de revisión del tramo autonómico del IRPF, centrado especialmente en las rentas bajas y medias. La intención es que la presión fiscal no se incremente de forma encubierta por la vía de la no actualización de los parámetros.
El informe, titulado “Augment de la pressió fiscal per la no deflactació de les tarifes de l'IRPF”, utiliza datos del Banco de España para atribuir el 58% del sobrecoste a la congelación de mínimos y deducciones. La patronal insiste en que la solución no pasa por bajar impuestos, sino por evitar que suban solos. Para las pymes, que operan con márgenes más ajustados, esta pérdida de eficiencia de las subidas salariales supone un lastre adicional a la competitividad.
El próximo paso, según ha explicado Pimec, es llevar esta propuesta a las administraciones para que se abra un debate sobre la actualización periódica de los parámetros del IRPF. Mientras tanto, las empresas seguirán pagando hasta 210 euros para que un trabajador gane 100 euros netos más.
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