Un estudio de Fedea, la UPF y la BSE estima que la reforma que eleva la edad de jubilación de 65 a 67 años ha retrasado la jubilación efectiva una media de 8,1 meses y ha aumentado la mortalidad prematura masculina en 1,6 puntos porcentuales. Las mujeres, con carreras más cortas, son las más afectadas por el retraso.
La reforma de pensiones de 2011, que elevó gradualmente la edad legal de jubilación de 65 a 67 años, ya está produciendo efectos medibles sobre el mercado laboral y la salud de los trabajadores. Un estudio elaborado por Sergi Jiménez-Martín (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona School of Economics y Fedea) y publicado por Fedea, con datos administrativos de la Seguridad Social hasta 2024, ofrece la primera evaluación causal de esta medida sobre las cohortes nacidas entre 1948 y 1957.
Los resultados muestran que los trabajadores afectados por el aumento de la edad legal han retrasado su jubilación efectiva en una media de 8,1 meses respecto al grupo de control, formado por aquellos que mantuvieron la posibilidad de jubilarse a los 65 gracias a carreras largas de cotización. Este retraso crece cohorte a cohorte: por cada mes adicional de edad legal, la jubilación efectiva se aplaza aproximadamente un mes.
El estudio, que utiliza la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), compara dos grupos: los trabajadores con carreras largas (grupo de control) y aquellos que no alcanzan el umbral de años cotizados y ven aumentar su edad legal (grupo tratado). Al analizar cohortes sucesivas, se identifica el efecto causal de la reforma.
Cambio en las vías de salida del mercado laboral
La reforma ha modificado de forma significativa cómo y cuándo los trabajadores abandonan el mercado laboral. La probabilidad de jubilarse después de los 65 años aumentó en 26,7 puntos porcentuales entre los afectados. Por el contrario, la jubilación exactamente a los 65, que era el punto focal del sistema anterior, cayó 10,3 puntos, y la jubilación anticipada (antes de los 65) se redujo en 17,7 puntos.
Estos cambios reflejan que la respuesta dominante ha sido el desplazamiento de la jubilación más allá de los 65 años, en lugar de optar por otras vías como la jubilación anticipada o el abandono prematuro del mercado laboral.
Impacto de género: las mujeres, las más perjudicadas
Uno de los hallazgos más destacados del estudio es la incidencia desproporcionada de la reforma sobre las mujeres. Al condicionar la jubilación a los 65 a carreras de cotización largas, la medida penaliza a quienes tienen carreras más cortas e interrumpidas. Las mujeres representan el 62% de los trabajadores afectados, frente a solo el 29% del grupo de control.
Como consecuencia, el retraso medio de la jubilación femenina es de 10 meses, muy superior a los 3,1 meses registrados en los hombres. Además, el desplazamiento hacia la jubilación después de los 65 años es de 34 puntos porcentuales en mujeres, frente a 15,3 puntos en hombres.
Los autores señalan que la exención por carrera larga, presentada como una protección, tiene en la práctica un efecto de género regresivo, ya que expone a la subida plena de la edad legal a quienes acumulan carreras más cortas, agravando la brecha de género en pensiones.
Mortalidad prematura: un coste en salud concentrado en hombres
El estudio también revela un coste en salud: la reforma eleva la mortalidad prematura (entre los 60 y los 67 años) de los trabajadores afectados. El efecto es estadísticamente significativo para los hombres, con un aumento de 1,6 puntos porcentuales, aproximadamente el doble que en las mujeres. Esto amplía el exceso de mortalidad masculina en unos 0,8 puntos, en torno al 15% de la brecha preexistente.
El mecanismo que explica este incremento no está relacionado con pérdidas de renta, ya que el estudio muestra que la riqueza en pensiones de los afectados no se redujo de forma diferencial respecto al grupo de control. En cambio, los autores apuntan a la prolongación forzosa de la vida laboral en ocupaciones físicamente exigentes, como la construcción, la industria o la minería.
Estos resultados sugieren que obligar a prolongar la vida laboral tiene un coste en salud que recae desproporcionadamente sobre los trabajadores de ocupaciones más duras, lo que plantea interrogantes sobre la equidad del diseño actual.
El impacto pleno aún está por llegar
El estudio advierte que sus estimaciones son una cota inferior del efecto final de la reforma. El análisis se restringe a las cohortes nacidas entre 1948 y 1957, las únicas que ya han cumplido 67 años dentro del período de observación (hasta 2024). Estas cohortes solo han experimentado una parte del calendario de transición: la de 1957, la más expuesta de las evaluadas, afronta un retraso de la edad legal de 14 meses, apenas algo más de la mitad del aumento total de dos años.
El calendario de la reforma no culmina hasta 2027. La cohorte de 1962, que cumplirá 65 años ese año, será la primera en afrontar las reglas plenamente desplegadas: edad legal de 67 años para quienes no acrediten 38,5 años cotizados. Todas las cohortes posteriores quedarán sujetas a ese mismo esquema de forma permanente.
Las cohortes de 1958 a 1962, aún pendientes de evaluación, afrontan retrasos de la edad legal de hasta 24 meses, frente a un máximo de 14 en las analizadas. Dado que el estudio documenta que la respuesta escala con la intensidad de la exposición, cabe anticipar que el impacto total de la reforma, tanto en retraso de la jubilación como en costes de salud, será sustancialmente mayor cuando estas cohortes completen su vida laboral y alcancen los 67 años.
Implicaciones para el diseño del sistema de pensiones
Los resultados avalan la eficacia de la reforma en su objetivo principal, retrasar la jubilación efectiva, pero revelan dos costes distributivos. Por un lado, la exención por carrera larga tiene una incidencia de género regresiva. Por otro, obligar a prolongar la vida laboral tiene un coste en salud que recae sobre los trabajadores de ocupaciones físicamente exigentes.
El estudio sugiere explorar diseños alternativos, como ajustes por densidad de cotización o vías específicas por ocupación, que eleven la edad efectiva de jubilación sin generar estos costes desiguales. La jornada sobre pensiones y seguridad social que Fedea celebrará el próximo 25 de septiembre en colaboración con la Fundación Ramón Areces será el marco para debatir estas cuestiones y las posibles reformas futuras.
Para los trabajadores que se acercan a la edad de jubilación, especialmente aquellos con carreras cortas o en ocupaciones exigentes, los resultados del estudio subrayan la importancia de planificar la salida del mercado laboral teniendo en cuenta no solo la edad legal, sino también las condiciones de salud y el tipo de trabajo desempeñado. La reforma completa, plenamente vigente desde 2027, afectará a todas las cohortes posteriores, por lo que la planificación a largo plazo es clave.
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