La Agencia Tributaria ha lanzado la operación 'Insulae' con más de 170 funcionarios para inspeccionar 41 locales de intermediación inmobiliaria en seis comunidades autónomas. Se investigan cobros en efectivo no declarados y comisiones ilegales a inquilinos.
La Agencia Tributaria ha puesto en marcha la operación 'Insulae', un amplio dispositivo de inspección dirigido a detectar fraude fiscal en empresas dedicadas a la intermediación en la compraventa y alquiler de inmuebles. La actuación se desarrolla en seis comunidades autónomas y afecta a 41 locales distribuidos en 12 provincias.
Más de 170 funcionarios del Área de Inspección, con el apoyo de las Unidades de Auditoría Informática y del Servicio de Vigilancia Aduanera, han participado en esta intervención coordinada, que supone el inicio de comprobaciones inspectoras sobre 49 sociedades y empresarios, además de 18 personas físicas vinculadas, entre ellas socios, administradores y familiares.
Denuncias previas y sospechas de cobros en efectivo
La operación se ha llevado a cabo tras el análisis de diversas denuncias recibidas por la Agencia Tributaria que alertaban de posibles prácticas irregulares, como el cobro de comisiones en efectivo no declaradas y otras conductas susceptibles de fraude fiscal.
Entre las prácticas investigadas figuran el cobro en efectivo de comisiones que no habrían sido declaradas, el cobro de cantidades presuntamente irregulares —como determinadas comisiones a inquilinos prohibidas por la Ley de Vivienda—, así como ingresos obtenidos por servicios complementarios, como informes, visitas a inmuebles u otras gestiones, que tampoco se habrían incluido en las declaraciones fiscales. Asimismo, las denuncias hacen referencia al posible pago de incentivos o bonus a comerciales al margen de las nóminas oficiales.
Seis comunidades bajo la lupa
El operativo se ha desplegado en establecimientos situados en Andalucía (7), Baleares (1), Canarias (4), Catalunya (5), Comunidad de Madrid (5) y Comunitat Valenciana (19). Esta última concentra el mayor número de locales inspeccionados, lo que refleja la intensa actividad del mercado inmobiliario en la costa mediterránea.
Las actuaciones se producen en un contexto de crecimiento sostenido del mercado inmobiliario, marcado por el aumento de las compraventas, los alquileres y el precio de la vivienda. Según datos del sector, las agencias inmobiliarias intervienen actualmente en alrededor del 70 % de las operaciones de compra y alquiler de viviendas en España.
Investigación patrimonial de los socios
La Agencia Tributaria también ha analizado la situación patrimonial de algunos socios de las empresas inspeccionadas para detectar posibles signos externos de riqueza incompatibles con los ingresos declarados. El objetivo es comprobar si las supuestas ventas ocultas o ingresos no declarados se han traducido en incrementos patrimoniales injustificados.
Durante las entradas realizadas en los locales inspeccionados, los funcionarios han obtenido documentación contable, registros auxiliares e información almacenada en sistemas informáticos que será analizada durante los próximos meses. La investigación se encuentra en una fase inicial, y se espera que las comprobaciones se extiendan a lo largo de varias semanas.
Para el lector interesado en el sector inmobiliario, esta operación supone un aviso: Hacienda vigila de cerca las transacciones y comisiones. Los compradores y arrendatarios deben asegurarse de que las agencias emitan facturas por todos los servicios, y los propietarios, de declarar correctamente los ingresos por alquiler. La Agencia Tributaria recuerda que las denuncias ciudadanas son una fuente clave de información para destapar el fraude.
¿Qué prácticas fraudulentas investiga Hacienda en las inmobiliarias?
Se investigan cobros de comisiones en efectivo no declaradas, comisiones ilegales a inquilinos prohibidas por la Ley de Vivienda, ingresos por servicios complementarios no declarados y bonus a comerciales fuera de nómina.
¿En qué comunidades autónomas se ha desplegado la operación 'Insulae'?
La operación se ha desarrollado en Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana, con 41 locales inspeccionados en 12 provincias.
¿Qué consecuencias puede tener para las inmobiliarias inspeccionadas?
Las inspecciones pueden derivar en actas de fraude fiscal con sanciones económicas y, en casos graves, derivación de responsabilidades penales. La Agencia Tributaria analizará la documentación durante los próximos meses.
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