La Agencia Tributaria de Israel exige a decenas de yeshivot haredíes que demuestren que sus alumnos han regularizado su situación militar para mantener los beneficios fiscales de las donaciones. La medida afecta a una fuente clave de ingresos de estas instituciones religiosas.
La Agencia Tributaria de Israel ha enviado cartas oficiales a decenas de yeshivot haredíes con una exigencia que no tiene precedentes: demostrar que todos sus alumnos han regularizado su situación frente al Ejército israelí si quieren mantener los beneficios fiscales de los que disfrutan sus donantes. La medida, que afecta a instituciones religiosas de todo el país, supone un nuevo frente en la larga disputa entre el Estado, el sistema judicial y el liderazgo ultraortodoxo.
El requisito se ampara en el artículo 46 de la Ordenanza del Impuesto sobre la Renta, que permite a los donantes recibir desgravaciones fiscales cuando aportan dinero a instituciones reconocidas. En la práctica, la posible pérdida de esa aprobación puede golpear una fuente clave de ingresos para muchas yeshivot, especialmente aquellas que dependen de aportes privados para financiar su funcionamiento cotidiano.
Exigencia fiscal con listados completos de estudiantes
La nueva condición no se limita a una declaración general. Las instituciones deberán entregar listados completos de estudiantes, incluidos nombres y números de documento de identidad, además de documentación que pruebe la situación militar de cada alumno. Entre los documentos aceptados figuran certificados de servicio, constancias de exención, documentos de liberación o confirmaciones de una fecha futura de reclutamiento.
La Agencia Tributaria también exige que las instituciones se comprometan a no aceptar en el futuro a alumnos que no hayan regularizado su situación ante las autoridades militares, mientras mantengan la aprobación fiscal. Para el liderazgo haredí, la medida representa una escalada directa contra el mundo de la Torá. Dirigentes ultraortodoxos sostienen que el Estado está utilizando herramientas económicas para forzar cambios en un modelo de vida basado en el estudio religioso a tiempo completo.
“No es una cuestión administrativa, sino una presión política y cultural sobre las yeshivot”, defienden fuentes del sector ultraortodoxo.
Del otro lado, los impulsores de la medida argumentan que el Estado no puede seguir sosteniendo, de manera directa o indirecta, instituciones en las que estudian jóvenes que no cumplen con órdenes de reclutamiento. La fiscal general, Gali Baharav-Miara, ya había señalado que permitir beneficios fiscales a esos establecimientos podría equivaler a financiar indirectamente la evasión del servicio militar.
El trasfondo: la eterna disputa por el reclutamiento haredí
El conflicto va mucho más allá de una discusión tributaria. Israel arrastra desde hace décadas un problema no resuelto sobre la exención del servicio militar para estudiantes de yeshivot haredíes. Durante años, el Estado permitió aplazamientos masivos bajo el argumento de que “el estudio de la Torá es su ocupación”, una fórmula que protegió a decenas de miles de jóvenes ultraortodoxos del reclutamiento.
Sin embargo, las decisiones judiciales de los últimos años cambiaron el escenario. La Corte Suprema determinó que, en ausencia de una ley válida que regule la exención, los estudiantes de yeshivot están sujetos a las mismas obligaciones de servicio que el resto de los ciudadanos israelíes. Esa situación abrió la puerta a sanciones económicas, restricciones administrativas y medidas de control sobre las instituciones que los reciben.
La nueva exigencia fiscal se suma a ese proceso. No obliga directamente a cada estudiante a presentarse al Ejército, pero coloca a las yeshivot ante una decisión difícil: colaborar con el Estado en la verificación del estatus militar de sus alumnos o arriesgar beneficios fiscales que pueden ser cruciales para su presupuesto. La reacción del sector haredí podría tener consecuencias políticas importantes, ya que los partidos ultraortodoxos consideran el reclutamiento una línea roja.
La disputa refleja una fractura más profunda en la sociedad israelí, especialmente en un contexto de guerra, movilización de reservistas y creciente demanda de igualdad en la carga del servicio militar. Para amplios sectores del público, no resulta sostenible que una parte de la población permanezca fuera del sistema de reclutamiento mientras otros ciudadanos cumplen largos períodos de servicio obligatorio o reserva.
Para las yeshivot haredíes, en cambio, la preservación del estudio religioso es una cuestión identitaria y espiritual. La nueva exigencia de la Agencia Tributaria convierte esa tensión histórica en una batalla concreta por documentos, listas de alumnos, beneficios fiscales y legitimidad pública. Si las instituciones no cumplen con los requisitos, sus donantes podrían perder el incentivo fiscal para aportar fondos, lo que podría sentirse rápidamente en un sistema donde muchas yeshivot dependen de donaciones constantes.
¿Qué deben hacer las yeshivot para mantener los beneficios fiscales?
Deben presentar listados de alumnos con su situación militar regularizada y comprometerse a no aceptar nuevos alumnos sin dicha regularización.
¿Qué documentos acepta la Agencia Tributaria como prueba de situación militar?
Certificados de servicio, constancias de exención, documentos de liberación o confirmaciones de una fecha futura de reclutamiento.
¿Qué consecuencias puede tener para las yeshivot no cumplir con la exigencia?
Sus donantes perderían los beneficios fiscales, lo que podría reducir significativamente los ingresos de las instituciones.
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