El Gobierno chileno ha retomado la discusión del proyecto que regula los contratos por hora, en un contexto de desempleo al 9,4%, su nivel más alto en cinco años. La iniciativa busca fijar reglas para jornadas de hasta 30 horas semanales.
Chile ha vuelto a poner sobre la mesa la regulación de los contratos por hora, una iniciativa que lleva desde 2018 en el Congreso y que ahora cobra fuerza ante un mercado laboral que muestra signos de debilidad. La tasa de desempleo alcanzó el 9,4% según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cifra más alta en cinco años, y el desempleo femenino subió al 10,5%.
El proyecto, impulsado por el Ejecutivo, establece que los contratos por hora no podrán superar las 30 horas semanales ni las 120 horas mensuales. Además, exige un aviso mínimo de 24 horas para la asignación de turnos y un descanso de al menos 12 horas entre jornadas. Las remuneraciones serán proporcionales y se crearán mecanismos para evitar un uso abusivo de esta modalidad.
Para Cristián Fleiderman, director comercial de Adecco Chile, el debate debe centrarse en cómo construir reglas que respondan a las nuevas dinámicas laborales sin descuidar la protección de los trabajadores. "El mercado laboral está cambiando aceleradamente y hoy conviven distintas formas de trabajar que requieren una regulación moderna", afirma.
Fleiderman subraya que la flexibilidad laboral ya es una realidad en sectores como retail, logística, turismo, gastronomía, agricultura y servicios, donde la demanda de personal varía según la temporada. También hay perfiles como estudiantes, personas mayores o quienes buscan compatibilizar el trabajo con responsabilidades familiares que valoran horarios adaptables.
Sin embargo, el ejecutivo advierte que la flexibilidad no debe traducirse en una pérdida de derechos. "Cuando existe una regulación adecuada, puede transformarse en una herramienta que facilite el acceso al empleo formal, entregue certezas jurídicas y favorezca relaciones laborales más transparentes", señala.
Uno de los retos clave es que esta modalidad fomente la formalización y no derive en nuevas formas de precariedad. El mercado laboral chileno también está experimentando cambios por la digitalización, la automatización y la demanda de talento en sectores como minería, energía y logística. La flexibilidad, según Fleiderman, debe ir acompañada de formación y reconversión profesional.
"La experiencia demuestra que cuando las normas son claras respecto de jornadas, remuneraciones, descansos, planificación de turnos y protección social, tanto trabajadores como empleadores cuentan con mayor seguridad para desarrollar relaciones laborales sostenibles", añade.
La tendencia hacia esquemas de trabajo más flexibles no es exclusiva de Chile. Varios países de la OCDE han avanzado en regulaciones que buscan equilibrar la adaptabilidad con la protección social. En este contexto, el éxito de la reforma chilena dependerá de su implementación práctica y de la capacidad de generar confianza entre las partes.
"Más allá de la modalidad contractual específica, el desafío es construir un marco normativo que entregue confianza, reduzca la informalidad y permita responder a las distintas realidades productivas del país sin afectar la calidad del empleo", concluye Fleiderman.
El proyecto, que ahora retoma su tramitación parlamentaria, deberá sortear las diferencias entre los actores sociales y políticos para convertirse en ley. Mientras tanto, el mercado laboral chileno sigue presionado por el alto desempleo y la necesidad de generar puestos de trabajo formales.
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