Casi la mitad de los empleados públicos (43,5%) solo aceptaría un cambio de destino si va acompañado de una subida salarial, según un estudio de Supera Oposiciones. El 31,5% ya ha rechazado o pospuesto una plaza por el coste de la vivienda.
El precio de la vivienda se ha convertido en un obstáculo también para los funcionarios que quieren aceptar una plaza, un ascenso o un traslado fuera de su provincia. Casi la mitad, el 43,5%, solo aceptaría cambiar de destino si el nuevo puesto viniera acompañado de una subida salarial o de un incentivo específico para compensar el coste de vivir en otra ciudad.
Esta es una de las conclusiones del estudio Perspectiva y Retos del Empleado Público en España, elaborado por Supera Oposiciones, escuela especializada del grupo educativo thePower Education. La encuesta, realizada a 400 empleados públicos en España en mayo de 2026, señala que el 31,5% afirma haber rechazado o pospuesto aceptar una plaza o un ascenso por no poder hacer frente al coste de la vivienda en el destino asignado.
El ascenso que no compensa: perder poder adquisitivo al mudarse
El problema no es solo conseguir una plaza mejor, sino poder vivir donde está esa plaza. En un contexto de precios elevados, un traslado puede implicar una mudanza, gastos iniciales, un nuevo contrato de alquiler o una vivienda más cara que la del lugar de origen. Si la mejora profesional no compensa esa diferencia, el ascenso puede traducirse en una pérdida de poder adquisitivo.
Ese es el punto que diferencia a esta encuesta de otros debates sobre función pública. La estabilidad del empleo público sigue siendo una ventaja frente a otros trabajos, pero no elimina el impacto del mercado inmobiliario. El sueldo puede ser seguro, pero no necesariamente suficiente para asumir cualquier destino.
El estudio también recoge que un 23,8% de los empleados de la Administración afirma que el coste de la vida condiciona totalmente cualquier decisión que implique trasladarse. La vivienda se convierte así en una variable laboral que aparece antes incluso de aceptar un puesto: en la decisión de presentarse a determinadas plazas, aceptar un cambio de destino o renunciar a una promoción si el traslado no compensa.
Volver a casa y evitar las grandes ciudades: el nuevo patrón de los funcionarios
La presión inmobiliaria también cambia las preferencias de destino. Según la encuesta, para el 56% de los empleados públicos, poder regresar a su lugar de origen o trasladarse a provincias medianas o entornos menos masificados es un factor determinante al elegir plaza.
Esta preferencia no responde solo a motivos personales. Las ciudades medianas pueden ofrecer una relación más asumible entre salario, vivienda y calidad de vida, especialmente frente a grandes núcleos urbanos donde el precio de los pisos absorbe una parte importante de los ingresos mensuales. La elección de ciudades menos masificadas conecta con otro dato del estudio: el 73% de los encuestados apoya la creación de sedes estatales fuera de la capital. Se trata de una medida vinculada a la idea de descentralización administrativa, pero también a una cuestión material: repartir oportunidades laborales en territorios donde vivir puede resultar más accesible.
Para el lector interesado en la función pública, estos datos suponen un aviso: la vivienda ya no es solo un problema de jóvenes o de mileuristas. También afecta a quienes tienen un empleo fijo y quieren progresar. Si estás pensando en opositar o en pedir un traslado, conviene que calcules no solo el sueldo del nuevo puesto, sino también cuánto te costará vivir allí. El 43,5% que exige un plus salarial no está siendo caprichoso: está poniendo sobre la mesa una realidad que la Administración tendrá que abordar si quiere seguir atrayendo talento a todas las provincias.
¿Cuántos funcionarios han rechazado un traslado por el precio de la vivienda?
Según el estudio, el 31,5% de los empleados públicos ha rechazado o pospuesto aceptar una plaza o ascenso por no poder afrontar el coste de la vivienda en el destino.
¿Qué piden los funcionarios para aceptar un cambio de destino?
El 43,5% solo aceptaría trasladarse si el nuevo puesto incluye una subida salarial o un incentivo específico para compensar el coste de vida en otra ciudad.
¿Prefieren los funcionarios destinos fuera de las grandes ciudades?
Sí, el 56% valora poder regresar a su lugar de origen o ir a provincias medianas menos masificadas, y el 73% apoya crear sedes estatales fuera de la capital.
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