El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado el trámite para extinguir la habilitación de RDG Comercializadora Galega de Enerxía, filial de Recursos de Galicia participada por la Xunta. La empresa, que ya prepara alegaciones, asegura que su caso no es equiparable al de los operadores fantasma.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto un expediente contra RDG Comercializadora Galega de Enerxía, la filial comercializadora de Recursos de Galicia (RDG) en la que la Xunta posee más del 30% del capital. La medida, publicada en el BOE el pasado 16 de julio, afecta a una veintena de compañías a las que se reprocha no haber adquirido energía en el mercado mayorista durante el plazo de seis meses que exige la normativa.
El consejero delegado de RDG, Emilio Bruquetas, ha defendido que la sociedad comparte la lucha del Gobierno central contra las comercializadoras fantasma, pero ha subrayado que el proceder de RDG no tiene nada que ver con esas prácticas. Fuentes de la empresa han trasladado además que la comercializadora está plenamente operativa en la actualidad.
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha restado dramatismo al asunto y lo ha calificado como una cuestión de trámite. RDG trabaja ya en alegaciones técnicas centradas en la retroactividad, la proporcionalidad y el interés general del expediente, con el objetivo de que se archive.
Bruquetas ha reconocido que le gustaría que los plazos fueran más ágiles, pero ha defendido que prefiere hacer las cosas bien antes que deprisa. La compañía confía en que el Ejecutivo central atienda sus argumentos y le permita seguir operando con normalidad.
Sobre el posible impacto en la factura de los usuarios, Bruquetas ha explicado que el programa de descuentos vinculado al parque eólico de Mondigo ya suma 471 solicitudes de vecinos de la zona y sigue abierto a la incorporación de más comercializadoras. Los ciudadanos acogidos al programa mantendrán garantizado su descuento del 80% del coste energético, pase lo que pase con el expediente. Este parque, situado entre Barreiros, Ribadeo y Trabada, fue adquirido por RDG en febrero por 75 millones de euros.
En paralelo, RDG prepara una ampliación de capital para reforzar su capacidad inversora, con la previsión de cerrarla en la junta general de diciembre. El capital social pasaría de los 43,6 millones actuales a una cifra próxima o superior a los 100 millones, según ha explicado Lorenzana a los clústeres empresariales gallegos. La Xunta aportará en especie su participación en seis parques eólicos a través del Inega y su 30,92% en Nedgia Galicia, mientras que Bruquetas ha confirmado que ya son tres las empresas que han mostrado interés en sumarse al accionariado.
El PSdeG ha aprovechado el expediente estatal para cargar contra la gestión de RDG. Su portavoz de industria, Patricia Iglesias, ha denunciado la falta de transparencia de la sociedad desde su creación en 2023 y ha calificado la ampliación de capital como una confesión del fracaso del modelo. Iglesias sostiene que, ante el fracaso del proyecto, el PP responde pidiendo más recursos públicos en lugar de rendir cuentas.
El expediente del Gobierno se suma así a la polémica política en torno a una sociedad participada por la Xunta que busca consolidarse en el mercado energético gallego. RDG confía en que sus alegaciones técnicas desactiven el proceso y pueda seguir operando con normalidad, mientras los usuarios del programa de descuentos mantienen sus beneficios garantizados.
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