Carles Puigdemont ha cargado contra el Tribunal de Cuentas por no aplicar la ley de amnistía y ha preguntado a la Comisión Europea si tolerará en España lo que exigió en Polonia.
Carles Puigdemont ha lanzado un duro reproche a la Comisión Europea después de que el Tribunal de Cuentas (TCu) reabriera el procedimiento por el 1-O, negándose a aplicar la ley de amnistía. En un artículo publicado este martes en su perfil de Twitter, el expresidente catalán se pregunta: “¿La UE tolerará en Madrid aquello que exigió en Varsovia?”.
La pregunta de Puigdemont alude a la postura de Bruselas con Polonia, a la que llegó a retener fondos por no cumplir sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El líder de Junts sostiene que el TCu ha dictado una providencia que “desobedece conscientemente la sentencia europea” y ordena reabrir lo que Europa considera cerrado.
Para Puigdemont, se trata de “un desafío en toda regla”. En su escrito, señala directamente a la consejera del TCu Elena Hernáez, a quien califica de “candidata a prevaricadora” y acusa de actuar por “euforia patriotera”. “Se ha metido en un lío del que no debería salir indemne porque lo que ha hecho es extremadamente grave”, afirma.
El expresidente vincula la decisión del tribunal con los intereses de Societat Civil Catalana (SCC). Según relata, la vicepresidenta de SCC, Teresa Freixas, avanzó en un programa de televisión que el TCu reexaminaría el caso. “¿Cómo lo sabía?”, se pregunta Puigdemont, que insinúa una filtración o tráfico de influencias.
La denuncia ante la Comisión Europea fue presentada el mismo martes por el abogado Gonzalo Boye, en nombre de Puigdemont y otros procesados. La acusación sostiene que España incumple el Derecho comunitario al no aplicar la amnistía pese al aval del TJUE a la ley.
El TJUE ya respaldó la ley de amnistía en una sentencia de julio, pero el Tribunal de Cuentas argumenta que la norma no le obliga a archivar las causas porque estas se refieren a responsabilidades contables, no penales. Puigdemont rechaza esa interpretación y la considera una maniobra para mantener la presión judicial sobre el independentismo.
La controversia sitúa de nuevo a España en el punto de mira de las instituciones europeas. Bruselas ha sido firme en la defensa del Estado de Derecho en países como Polonia o Hungría, donde ha congelado fondos por vulneraciones judiciales. Puigdemont exige ahora el mismo trato para España.
El líder de Junts recuerda que la Comisión Europea exigió a Polonia acatar las resoluciones del TJUE, y amenazó con sanciones económicas cuando Varsovia se negó a pagar multas impuestas por el tribunal. “Si lo que se exigió en Varsovia se tolera en Madrid, la Comisión estaría certificando que las sentencias europeas se cumplen o no según quién sea el acusado”, advierte.
Por el momento, la Comisión Europea no se ha pronunciado sobre la denuncia. El procedimiento sigue su curso, mientras el Tribunal de Cuentas ha abierto un período de alegaciones para las partes personadas. Puigdemont confía en que la UE no permita lo que él considera una desobediencia judicial.
El caso tiene implicaciones políticas y judiciales de calado. Si Bruselas interviene, podría forzar al TCu a archivar las causas, lo que supondría un alivio para los procesados, entre ellos Puigdemont. De lo contrario, el conflicto entre la justicia española y la europea podría escalar.
La decisión del Tribunal de Cuentas afecta directamente a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat y a entidades soberanistas, que afrontan reclamaciones por el uso de fondos públicos durante el referéndum del 1-O. La amnistía, aprobada por el Congreso y avalada por el TJUE, debía extinguir esas responsabilidades.
Puigdemont concluye su artículo con un mensaje directo a la consejera Hernáez: “Unid los puntos y encontraréis el dibujo”. El expresidente da por hecho que la magistrada ha actuado en connivencia con la entidad civil, y espera que el TJUE corrija lo que él considera una prevaricación.
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