Nadiem Makarim, creador del unicornio indonesio Gojek, ha sido condenado a 10 años de prisión y una multa de 40 millones de euros por un contrato irregular de portátiles cuando era ministro.
El fundador de Gojek, Nadiem Makarim, ha sido condenado a 10 años de cárcel y al pago de una multa de 40 millones de euros por corrupción. La sentencia, dictada a finales de junio de 2026, considera que el emprendedor, que llegó a ser ministro de Educación y Cultura de Indonesia, adjudicó un contrato millonario a un inversor de su propia empresa sin concurso público y desoyendo informes técnicos.
De unicornio a los tribunales
Makarim fundó Gojek en 2010, con poco más de veinte años y un MBA de Harvard. La plataforma de moto-taxis y reparto se convirtió en el primer unicornio indonesio en 2016, con una valoración que superó los 1.000 millones de dólares. En sucesivas rondas llegó a alcanzar los 6.000 millones, con inversores como Google o Softbank.
En 2019 aceptó el Ministerio de Educación, Cultura y Tecnología, desvinculándose formalmente de la compañía. Desde ese cargo impulsó la compra de 1,2 millones de Chromebooks para escuelas del archipiélago indonesio. El proveedor elegido fue Google, uno de los inversores de referencia de su excompañía. No hubo concurso público y, según la sentencia, desoyó un informe técnico que desaconsejaba ese modelo de portátil en un país de seis mil islas con cobertura wifi irregular.
La operación costó al Estado indonesio 40 millones de euros. La condena le obliga a pagar esa misma cantidad; si no la reúne, la pena se ampliará cinco años más. El fundador salió llorando del juzgado y declaró que le resulta imposible juntar esa cifra.
El coste reputacional y las lecciones para el ecosistema
El caso de Makarim es una advertencia para cualquier emprendedor que maneje rondas de venture capital. Cuando un inversor se convierte a la vez en cliente público, el conflicto de intereses no es una sutileza legal, sino dinamita. Y si además ocupas un cargo de gobierno, el código penal no entiende de métricas de crecimiento.
La ironía es que la familia Makarim tenía una reputación intachable en la lucha anticorrupción: su madre cofundó un premio a la integridad y su padre formó parte del comité que tumbó a un presidente del Parlamento durante la dictadura de Suharto. El hijo ha terminado entre rejas por las mismas prácticas que ellos combatieron.
El caso de Makarim demuestra que la integridad no se hereda: se ejerce, sobre todo cuando hay mucho capital en juego.
Mientras el exministro se enfrenta a la cárcel, el Gobierno indonesio ha aprobado un decreto que reduce del 20% al 8% la comisión que plataformas como Gojek cobran a los motoristas. La medida hunde aún más la cotización de Gojek, que hoy vale una décima parte de los 30.000 millones de dólares que llegó a alcanzar en su salida a bolsa.
Para el ecosistema emprendedor español, donde cada vez más founders colaboran con el sector público o reciben financiación europea, la lección es clara: la presión por justificar la valoración ante los inversores no puede convertirse en un atajo que esquive la legalidad. Un informe técnico desfavorable no se ignora; se debate, se mejora o se rechaza con transparencia, pero nunca se entierra.
Qué supone para el lector
Si eres emprendedor, el caso te recuerda que la ética no es un lujo: es una línea roja. La sentencia de Makarim es firme y su reputación, irrecuperable. Formar un comité de ética desde el día uno y documentar todas las decisiones sensibles son pasos que pueden evitar un desastre similar.
La condena entrará en vigor de inmediato, aunque la defensa ha anunciado que recurrirá. Makarim insiste en que ha sido víctima de una persecución política, pero la evidencia documental del contrato sin concurso y el informe técnico ignorado pesa más que sus argumentos. El caso ya se estudia en escuelas de negocio como ejemplo de lo que no se debe hacer cuando el poder y el dinero se cruzan.
¿Por qué ha sido condenado el fundador de Gojek?
Por corrupción al adjudicar un contrato público de 40 millones de euros a Google, inversor de su empresa, sin concurso y desoyendo informes técnicos.
¿Cuánto tiempo estará en prisión?
10 años, que podrían ampliarse a 15 si no paga la multa de 40 millones de euros.
¿Qué lecciones deja este caso para emprendedores?
Que separar tajantemente la actividad empresarial de la pública es una línea roja; ignorar conflictos de interés puede llevar a la cárcel.
