En Aragón, 7 de cada 10 personas con discapacidad en edad de trabajar están fuera del mercado laboral. La tasa de actividad alcanza solo el 30,5%, frente al 80,3% del resto de la población.
En Aragón, 39.900 personas con discapacidad de entre 16 y 64 años representan el 4,7% de la población en edad de trabajar. Sin embargo, apenas 12.200 están ocupadas o buscan empleo activamente, lo que sitúa su tasa de actividad en el 30,5%, muy por debajo del 80,3% registrado entre las personas sin discapacidad.
Así lo reflejan los datos recogidos por Marina Ladrero, responsable de la entidad social que ha analizado la situación laboral de este colectivo. Según Ladrero, el dato evidencia un problema estructural: “Que siete de cada diez estén inactivas nos dice que la barrera no es solo encontrar empleo, sino llegar a participar en el mercado laboral”.
El empleo es clave para la inclusión, ya que proporciona ingresos, autonomía, reconocimiento social y un proyecto de vida. Pero la realidad aragonesa muestra que las personas con discapacidad se enfrentan a obstáculos desde la formación hasta la contratación.
Brecha de género y formación
Las tasas de actividad, paro y empleo entre hombres y mujeres con discapacidad son muy similares, según el análisis. La brecha de género no se origina en la empresa, sino en la etapa formativa y se consolida en la calidad del empleo y el salario.
Ladrero subraya que es necesario actuar antes del empleo: “Educación inclusiva, prevención del abandono escolar y refuerzo de apoyos en la transición a la formación superior”. Sin estas medidas, las mujeres con discapacidad parten con desventaja que luego se refleja en el mercado laboral.
Tres vías de acceso al empleo
El sistema ofrece tres vías complementarias para la inserción laboral: la empresa ordinaria, la Administración pública y los Centros Especiales de Empleo (CEE). Cada persona debe acceder a la vía más adecuada según su situación, con ajustes razonables en la empresa ordinaria, contratación pública y empleo remunerado en los CEE para quienes requieren apoyos intensos.
Sin embargo, el análisis detecta desequilibrios. Los CEE han crecido mucho en la última década, lo que podría indicar una sobrecarga del empleo protegido y su uso para eludir la contratación directa. La penetración en la empresa ordinaria sigue siendo baja y el cumplimiento de las cuotas de reserva es insuficiente. Además, faltan oportunidades reales en el empleo público.
Incumplimiento de cuotas
El 80% de las empresas no cumple con la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad. Ladrero señala varios factores: falta de control e inspección sistemática, sanciones bajas, desconocimiento empresarial y barreras culturales. También se abusa de medidas alternativas, como contratar bienes o servicios con un CEE o realizar donaciones, que deberían ser excepcionales y no una forma ordinaria de eludir la contratación directa.
A pesar del aumento de la sensibilidad social y las políticas de responsabilidad social corporativa, la inclusión no puede depender solo de la buena voluntad empresarial. Los incentivos fiscales, las bonificaciones a la contratación o las ayudas a la Seguridad Social han contribuido, pero no garantizan por sí solos la inserción. “Prevalecen prejuicios, se incumplen las cuotas y persisten barreras formativas y de accesibilidad”, advierte Ladrero.
El papel de los Centros Especiales de Empleo
Los CEE son imprescindibles porque ofrecen apoyos específicos, adaptación del puesto y servicios de ajuste personal y social que la empresa ordinaria no siempre garantiza. Concentran a una de cada cinco personas con discapacidad ocupadas, y muchas probablemente no habrían encontrado empleo en una empresa convencional.
No obstante, el reto actual es asegurar que ese empleo sea digno, estable y ofrezca desarrollo profesional. “Si el CEE solo ofrece ocupación, pero no formación, promoción ni mejora de condiciones, no está cumpliendo plenamente su potencial inclusivo”, concluye Ladrero. El empleo protegido debe servir como trampolín hacia el empleo ordinario cuando la persona pueda y quiera.
La situación en Aragón refleja una realidad que requiere medidas estructurales: desde la educación inclusiva hasta el refuerzo de la inspección laboral, pasando por una reforma del empleo protegido que garantice su función integradora.
También te puede interesar
