La exsecretaria de Desarrollo Social, YAC, ofrece un automóvil último modelo a cualquier periodista que demuestre que asignó 986 millones de pesos en despensas durante su gestión. Los gremios lo ven como un desafío fuera de lugar.
La polémica ha estallado en el ámbito político y mediático de Tamaulipas después de que la exfuncionaria YAC, conocida por su paso por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), lanzara un insólito desafío a los periodistas: les ofrece un automóvil último modelo si logran probar que durante su gestión se asignaron 986 millones de pesos para la compra de despensas.
La oferta, que la propia YAC ha mantenido desde el pasado 26 de junio, ha sido interpretada por los comunicadores como un intento de desviar la atención y presionar a la prensa, a la que acusa de publicar información no favorable. Sin embargo, desde el gremio periodístico se rechaza la provocación: los reporteros no investigan para ganar coches, sino para informar a la sociedad.
Un desafío que incomoda a la prensa
La exfuncionaria ha insistido en su “reta”, como si los periodistas tuvieran la facultad de realizar investigaciones judiciales o de presentar denuncias formales. Pero la realidad es que el trabajo de la prensa se limita a indagar, preguntar y exponer los hechos de interés público. No son fiscales ni jueces, y menos aún responsables de integrar carpetas de investigación.
“Los contratos públicos no se inventan en las redacciones, ni los periodistas ejercen funciones de Ministerio Público”, señalan fuentes del gremio periodístico en Tamaulipas. La prensa informa y opina para que la sociedad no camine a ciegas, no para entrar en competencias absurdas con quienes han ocupado cargos públicos.
La oferta de los automóviles ha sido vista como un acto de desprecio hacia los medios. YAC, que se ha mostrado irritada por las publicaciones que la señalan, busca trasladar el foco de atención a los periodistas, una estrategia clásica de políticos que se sienten acorralados.
Las acusaciones formales, en manos de la Fiscalía
Es importante aclarar que los medios de comunicación no han presentado denuncias judiciales contra YAC. Las acusaciones por uso indebido de atribuciones y facultades provienen de representantes de la sociedad civil y de la Fiscalía, que ya investiga los hechos. La prensa solo ha dado cuenta de esas denuncias y ha preguntado sobre el destino de los casi mil millones de pesos.
“No hemos visto publicación alguna que diga que los casi mil millones se desviaron o se le ‘perdieron’”, afirman periodistas locales. Lo que sí se sabe es que las acusaciones formales son por uso indebido de atribuciones y facultades, y que la exfuncionaria firmó los contratos, aunque parte del dinero pudiera haber ido a parar a otras manos.
La pregunta que muchos se hacen es por qué YAC no reta a la Fiscalía o a los jueces, en lugar de montar un espectáculo mediático para decirse perseguida política. “Ahí no puede montar espectáculo”, ironizan desde la prensa.
Un gesto que no convence a nadie
Con toda seguridad, YAC no comprará los automóviles y se quedará con su dinero. Nadie en su sano juicio entraría en una competencia absurda por un vehículo. La justicia no se resuelve como una kermés ni la rendición de cuentas se somete a tómbola. Los presuntos delitos no los impone la prensa, sino la Fiscalía.
La exfuncionaria debería entender que los periodistas no son sus enemigos, sino el canal por el que la sociedad conoce lo que ocurre en las esferas del poder. Si tiene algo que demostrar, que lo haga ante las autoridades competentes, no ante los micrófonos con un coche de por medio.
Mientras tanto, la polémica sigue abierta, y la ciudadanía observa atenta a ver si el desafío termina en los tribunales o en un simple show mediático.
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