El exministro José Luis Escrivá autorizó un aplazamiento de 46 cuotas a Plus Ultra en octubre de 2020, un mes después de que José Luis Rodríguez Zapatero se reuniera con él. La aerolínea tenía deudas desde 2017.
El rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra sigue generando preguntas. Nuevos datos revelan que el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, concedió a la aerolínea un aplazamiento de 46 cuotas mensuales para pagar 451.954 euros de deudas acumuladas entre 2017 y mayo de 2020. La decisión se tomó en octubre de 2020, apenas un mes después de que José Luis Rodríguez Zapatero se reuniera con Escrivá.
Un calendario sospechoso
Los certificados de la Seguridad Social afirmaban que Plus Ultra estaba “al corriente de pagos” a 31 de diciembre de 2019 y 2020. Sin embargo, la realidad era muy distinta: la compañía arrastraba deudas aplazadas sucesivamente desde 2017. El nuevo acuerdo suspendía el apremio con recargos del 20-35 % en caso de impago.
El 93,8 % de esa deuda con la Seguridad Social se abonó después de que Plus Ultra cobrara los 53 millones de la SEPI, entonces dirigida por María Jesús Montero. Es decir, el Estado prestó dinero público a una empresa morosa para que esta pudiera pagar al propio Estado. El acreedor financiando al deudor.
Una aerolínea sin beneficios
Plus Ultra era una aerolínea marginal, con pérdidas crónicas y sin beneficios desde su creación. Apenas tenía presencia en el mercado aéreo español. Aun así, fue declarada “estratégica” y salvada con dinero público durante la pandemia. No cumplía los requisitos económicos para el rescate ni era fundamental para el sector.
La compañía nunca ha devuelto el dinero del rescate. El caso está siendo investigado por la justicia, y Escrivá, ahora en el punto de mira, tendrá que dar explicaciones ante el juez.
Qué supone para el contribuyente
Para el lector interesado en el uso del dinero público, este caso evidencia un posible uso irregular de los mecanismos de rescate. El aplazamiento de deudas y los certificados contradictorios sugieren que se habría maquillado la situación financiera de Plus Ultra para hacer viable la ayuda. Quienes estén atentos a la gestión de los fondos públicos deben saber que la operación sigue sin aclararse y que la justicia deberá determinar si hubo prevaricación o malversación.
El próximo paso será la comparecencia de Escrivá ante el juez, donde deberá explicar los criterios que llevaron a aprobar el aplazamiento y el rescate. La ciudadanía merece saber la verdad completa.
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