El déficit consolidado de la Administración Central, las comunidades y la Seguridad Social se situó en 18.355 millones hasta mayo, un 6,5% menos que en 2025. La mejora se apoya en el superávit de los fondos de la Seguridad Social y en el repunte de la recaudación.
El déficit de las administraciones públicas —sin contar la local— se redujo hasta el 1,03% del PIB en mayo de 2026, frente al 1,16% del mismo periodo del año anterior. En términos absolutos, la necesidad de financiación se sitúa en 18.355 millones, un 6,5% menos que en 2025, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.
La mejora se explica por el comportamiento de las comunidades autónomas y, sobre todo, por el fuerte incremento del superávit de los Fondos de la Seguridad Social. El Estado, por su parte, mantiene un déficit del 1,30% del PIB a cierre de junio, con una necesidad de financiación de 23.210 millones.
El saldo primario —que descuenta los intereses— arroja un déficit de 3.471 millones, equivalente al 0,19% del PIB. Este dato refleja que el grueso del desequilibrio estatal proviene del coste de la deuda.
La recaudación tira de los ingresos
Los recursos no financieros del Estado crecieron un 7% hasta junio, hasta 156.984 millones. Los impuestos aportan 133.267 millones, el 84,9% del total, con un avance del 7,6% respecto a 2025. El IRPF y Sociedades lideran la subida, con incrementos del 15,6% y del 13,2%, respectivamente.
El IVA, por su parte, crece un 3,9% y alcanza los 58.739 millones. La recaudación refleja el efecto de las medidas extraordinarias contra la subida de los precios energéticos, vigentes hasta el 31 de mayo. Desde el 1 de junio se restablecieron los tipos ordinarios, salvo para gasolinas, gasóleos y biocarburantes, que mantuvieron el IVA reducido del 10% hasta el 30 de junio.
Entre los impuestos especiales, destaca la caída del 29,9% en el de la electricidad, hasta 564 millones, y del 7,4% en hidrocarburos, hasta 5.709 millones. En sentido contrario, el impuesto sobre transacciones financieras avanza un 38,4% y el de primas de seguro, un 7,2%.
Las cotizaciones sociales aportan 3.305 millones, y las transferencias de otras administraciones crecen un 12,8%, hasta 8.968 millones. Los dividendos del Banco de España contribuyen con 234 millones.
El gasto crece por las transferencias
Los empleos no financieros del Estado aumentaron un 8,3%, hasta 180.194 millones. Las transferencias entre administraciones suponen el 60,7% del gasto, con 109.348 millones y un incremento del 8,4%. La Administración Regional recibe 54.612 millones, de los que 47.516 millones corresponden al sistema de financiación.
Entre las partidas singulares, Hacienda detalla una transferencia de 2.000 millones al Fondo Español de Garantía Agraria para compensar la pérdida de renta de las explotaciones por los fenómenos meteorológicos adversos y por la subida de precios ligada a la crisis en Oriente Medio.
Para el conjunto del año, el Gobierno mantiene su objetivo de déficit público, aunque los datos de mayo apuntan a una senda de consolidación fiscal más favorable de lo previsto. La evolución de la recaudación y el control del gasto serán claves para cerrar el ejercicio dentro de los compromisos europeos.
Los próximos meses serán decisivos para ver si la mejora se consolida, especialmente con la vuelta a los tipos ordinarios del IVA y la evolución del gasto en la segunda mitad del año.
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