La presidenta Laura Fernández aseguró que el crimen organizado se ha infiltrado 'hasta los tuétanos' en el Poder Judicial. La Corte Suprema rechazó las acusaciones y le exige que presente denuncias formales.
La presidenta de la República, Laura Fernández, afirmó el pasado miércoles que el crimen organizado y el narcotráfico se han infiltrado en el Poder Judicial. Sus declaraciones, realizadas en la actividad mediática de Presidencia, provocaron una respuesta inmediata y unánime de la Corte Suprema de Justicia.
En su conferencia de prensa del 1 de julio, Fernández señaló:
Se está filtrando el crimen organizado y el narcotráfico en el Poder Judicial. Ya vimos a Celso Gamboa deportado. Se está metiendo hasta en los tuétanos del Poder Judicial el crimen organizado y el narcotráfico.La mandataria también mencionó conversaciones con el presidente del Congreso, Orlando Aguirre, y la presidenta de la Corte Suprema, Patricia Solano, sobre políticas de cumplimiento normativo.
Respuesta de la Corte Plena
En su sesión de este lunes, la Corte Plena aprobó por unanimidad un pronunciamiento en el que rechaza categóricamente las afirmaciones de la presidenta. El texto señala que la institución ha sido la primera en investigar y sancionar cualquier actuación irregular detectada.
La Corte recordó que el Poder Judicial está compuesto por más de 13.800 funcionarios que trabajan diariamente con compromiso y apego a los principios de la administración de justicia. Asimismo, reiteró su política de cero tolerancia a la corrupción.
Exigencia de denuncias concretas
El máximo tribunal instó a la presidenta Fernández a que presente las denuncias ante las instancias respectivas, con la seguridad de que se realizará la investigación correspondiente. La Corte subrayó que mantendrá una vigilancia constante para detectar y sancionar cualquier acto irregular.
Para el ciudadano, esta controversia pone de relieve la tensión entre los poderes del Estado en un tema sensible como la lucha contra el narcotráfico. La pelota está ahora en el tejado de la presidenta: si tiene pruebas, debe presentarlas; si no, las acusaciones quedan en el aire.
El próximo paso podría ser la presentación de denuncias formales por parte del Ejecutivo, o bien un nuevo cruce de declaraciones. De momento, la Corte ha dejado claro que no tolerará señalamientos sin fundamento que afecten la credibilidad del sistema judicial.
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